Dos de cada tres inversores de cripto en ee uu se juegan 100 000 $ por no saber la nueva declaración
La temporada de impuestos en EE UU llega con sorpresa de cinco cifras: el 61 % de los inversores de criptomonedas desconoce que el IRS les exige desglosar, casa por casa, cada movimiento de tokens durante 2025. El error puede traducirse en una multa de hasta 100 000 $ y cinco años de cárcel.
Así lo revela el informe Crypto Tax Readiness Report 2026 que Coinbase y CoinTracker han compartido con DL News tras encuestar a 3 000 propietarios de activos digitales. La conclusión es demoledora: la intención de cumplir existe —el 74 % admite que sus operaciones son tributarias—, pero la capacidad brilla por su ausencia.
El coste de no saber calcular el coste
El quid de la cuestión se llama coste base ajustado. La nueva normativa, recogida en el formulario 1099-DA, obliga al inversor a declarar el importe bruto de cada venta, pero los brokers no están forzados a entregarle al fisco —ni al cliente— el precio que originalmente pagó por esos mismos tokens. Traducción: si has saltado entre exchanges, DeFi y wallets privados, eres tú, y solo tú, quien debe reconstruir el rompecabezas.
Shehan Chandrasekera, jefe de estrategia fiscal de CoinTracker, lo resume sin barniz: «Para quien opera en múltiples plataformas o se mete en finanzas descentralizadas, hacerlo a mano es casi imposible».
La brecha se agrava por la sensación de dominio que exhiben los encuestados: más de la mitad califica su conocimiento impositivo como «excelente». La realidad les ha pillado en bragas a solo un mes del 15 de abril, fecha límite de la declaración federal.
El perfil del afectado ya no es un friki de discord
El estudio dibuja un inversor que ha dejado de ser minoría: el 76 % también invierte en bolsa y el 83 % posee bonos, inmuebles o materias primas. Son asalariados medios que añadieron cripto al mismo portfolio donde ya figuraban fondos indexados y ETFs. Ahora descubren que el IRS les trata como comerciantes de valores sin el manual de instrucciones.
Lawrence Zlatkin, vicepresidente de impuestos de Coinbase, no endulza la píldora: «La historia que cuentan los datos es de confusión total». La frase suena a disculpa, pero es un aviso a navegantes: los gigantes del sector ven venir la tormenta y prefieren desmarcarse antes de que la primera denuncia penal salte en Twitter.
La ley Cornell deja claro que el fraude fiscal grave —no un simple error de cálculo— puede acabar en la cárcel. La diferencia entre equivocarse y delinquer depende de un papel que la mayoría ni siquiera sabe que debe rellenar.
Mientras tanto, el reloj aventa. Faltan menos de 30 días para que millones de declarantes pulsen ‘enviar’ sin saber que han omitido la mitad de sus ganancias. La multa máxima les espera al otro lado del formulario, calladita, con fecha y firma del contribuyente.