Bayer se tambalea: jueces y jurados le exigen más de 10.000 millones por roundup
La pesadilla legal de Bayer, heredada con la adquisición de Monsanto, ha alcanzado una nueva escalada. Un jurado de Georgia ha condenado a la compañía a pagar 2.100 millones de dólares al demandante John Barnes, un veredicto que, sumado a los anteriores, supera ya los 10.000 millones. La cifra, la más alta jamás dictada en Georgia a un solo demandante, no solo golpea las cuentas de Bayer, sino que pone en tela de juicio su estrategia de defensa y alimenta el creciente movimiento 'Make America Healthy Again' (MAHA).
El cáncer, el herbicida y una batalla judicial sin fin
Barnes, diagnosticado con linfoma no Hodgkin después de más de dos décadas utilizando Roundup en su hogar y lugar de trabajo, alegó que Monsanto conocía los riesgos cancerígenos del glifosato, el ingrediente activo del herbicida, y no advirtió adecuadamente a los consumidores. El jurado, visiblemente afectado por la historia personal de Barnes, le ha concedido 65 millones en daños compensatorios y una cifra considerablemente mayor, 2.000 millones, en concepto de daños punitivos, buscando así disuadir a Bayer de futuras negligencias.
Pero este caso no es una excepción. Desde 2023, los demandantes han obtenido casi 5.000 millones de dólares en juicios relacionados con Roundup, aunque algunos de estos veredictos han sido posteriormente reducidos por los jueces. La cifra acumulada es alarmante, y Bayer ha reservado 16.000 millones para intentar cerrar el conflicto, una tarea que parece cada vez más complicada.
Maha: la voz de los afectados y el desafío a la industria
El veredicto de Georgia ha sido recibido con júbilo por los defensores de MAHA, que ven en él una validación de sus preocupaciones sobre la seguridad de los pesticidas. Un informe reciente de la Comisión MAHA destaca la existencia de “una gama de posibles efectos sobre la salud” asociados al glifosato, incluyendo trastornos reproductivos, cáncer y problemas metabólicos. El informe, además, apunta a la influencia de la industria en la investigación científica, con estudios que minimizan los riesgos más propensos a ser financiados por las propias empresas.
La ironía es palpable: mientras Bayer lucha por limitar su responsabilidad legal, la presión de MAHA y otros grupos de defensa del consumidor ha llevado a la presentación de proyectos de ley en varios estados que buscan proteger a los fabricantes de pesticidas de demandas por “fallo en la advertencia” que excedan los requisitos federales. En Georgia, la reciente aprobación de la SB144, que aún espera la firma del gobernador Kemp, es un claro ejemplo de esta estrategia.
La batalla legal se traslada al tribunal supremo
La lucha por la responsabilidad de Bayer se extiende más allá de las cortes estatales. El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha aceptado conocer el caso Monsanto Co. v. Durnell, en el que Bayer argumenta que las leyes federales de etiquetado prevalecen sobre las demandas estatales por “fallo en la advertencia”. Si el Tribunal Supremo respalda a Bayer, podría significar un escudo legal a nivel nacional para los fabricantes de pesticidas, debilitando significativamente la capacidad de los consumidores de buscar justicia. Los argumentos orales están programados para el 27 de abril de 2026.
Bayer ha propuesto un acuerdo de 7.250 millones de dólares para cubrir la mayoría de los 65.000 casos pendientes, ofreciendo pagos que oscilan entre 6.000 y 165.000 dólares. Aunque un juez de Missouri ha dado el visto bueno preliminar al acuerdo, el tiempo dirá si es suficiente para disipar la tormenta legal que azota a la compañía.
El caso Roundup no es solo una disputa legal; es un espejo que refleja las tensiones entre la industria agroalimentaria, la salud pública y la creciente conciencia de los consumidores sobre los riesgos de los productos químicos en nuestra alimentación. Y, por ahora, el espejo refleja una verdad incómoda para Bayer: la justicia, aunque lenta, puede ser implacable.