Washington quiere cobrarle impuestos al motor de la innovación
El próximo objetivo del ajuste fiscal lleva laboratorio blanco y credencial de estudiante: think tanks conservadores y funcionarios del Departamento de Comercio diseñan un impuesto sobre los ingresos que las universidades obtienen al licenciar patentes nacidas de subsidios federales. El golpe caería directo sobre semiconductores, energía limpia y fármacos que aún no han llegado al mercado.
La apuesta que pone en riesgo 2 billones de dólares
La jugada se disfraza de equidad: exigen una “regalía” al contribuyente que ya pagó la investigación. Pero la cuenta no cierra. El sistema de transferencia tecnológica —nacido con la Ley Bayh-Dole en 1980— mueve anualmente 33 000 millones en impuestos federales solo por los parques científicos universitarios, una cifra diez veces superior a los ingresos por licencias que captan los campus.
El Cato Institute prescribe un royalty fijo; el Brownstone Institute, más audaz, pide derogar Bayh-Dole y devolver la propiedad intelectual al Estado. Ambos ignoran que la cadena de valor ya tributa en cada eslabón: la empresa licenciatvia paga impuesto corporativo; sus empleados, nómina; los inversores, ganancias de capital; y los investigadores, renta por regalías. El Tesoro ya cobra, y con intereses de venture capital.
El daño colateral sería desproporcionado. El 95 % de los responsables de oficinas de transferencia advierten que reducirían licencias. Los fondos de capital riesgo perderían su radar: no tienen equipos para rastrear miles de laboratorios y dependen de esos centros para filtrar promesas. La experiencia en mi propia firma lo corrobora: buena parte del pipeline nace en esos tech-transfer offices que ahora ven una diana fiscal.
El historial habla por sí: desde 1996 la transferencia universitaria ha añadido cerca de dos billones de dólares al output industrial y ha gestado 20 000 empresas. Google salió de Stanford; Genzyme y Biogen, del MIT. Bastaría con abortar un solo unicornio para que la recaudación futura perdida superara con creces lo que podría ingresar el nuevo impuesto.
Subsidiar para despuéstaxar es un loop perverso que recuerda al viejo impuesto a la Seguridad Social que Trump derogó. Si la Administración ejecuta el plan, el resultado no será más dinero, sino menos startups, menos empleo y menos innovación. Washington estaría disparando contra el único sector que le garantiza retornos de campeón: la ciencia que transforma subsidio en impuestos, patents en industrias y campus en motores de crecimiento. El mensaje para el Capitolio es claro: no hay peor inversión que la que castiga su propio éxito.